Desarrollo Social y Vivienda amplían convenio: 500 soluciones habitacionales para mujeres víctimas de trata y violencia de género

La ampliación del convenio entre el Ministerio de Vivienda y Mevir con el Ministerio de Desarrollo Social a través del Instituto Nacional de las Mujeres, permite otorgar 500 soluciones habitacionales a mujeres víctimas de violencia de género y de trata y explotación sexual. El subsidio al alquiler funciona desde hace unos 15 años, pero ahora suma la posibilidad de financiar el total de su valor, más comisiones inmobiliarias y gastos comunes.

“El Estado debe acompañar a las mujeres”, dijo la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro, durante la firma del convenio con su par de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, que prorroga el acuerdo para respaldar a las mujeres que requieren de una solución habitacional.

El convenio, cuya firma se llevó a cabo este lunes 13 en Torre Ejecutiva, procura darle continuidad a un programa ya existente, que incorpora la posibilidad de financiar, además del total del alquiler, gastos asociados al contrato como comisiones inmobiliarias y, en casos debidamente fundamentados, gastos comunes.

En total, serán 500 los subsidios otorgados a personas que reciben acompañamiento de servicios especializados del propio ministerio, de los gobiernos departamentales o de organizaciones de la sociedad civil.

El subsidio es otorgado por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y las postulaciones se realizan a través del Ministerio de Desarrollo Social. Las solicitudes son evaluadas por una comisión integrada por los organismos participantes, que también realiza el seguimiento de los casos.

El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) realiza la evaluación y el acompañamiento de estas personas durante todo el proceso, y Mevir aporta viviendas disponibles dentro de sus programas, cuando las características de cada situación así lo requieran.

Además, Inmujeres podrá financiar el pago de otros gastos asociados al alquiler, como las comisiones inmobiliarias y, en algunos casos, los gastos comunes. Este punto fue destacado en diálogo con la prensa por la titular del instituto, Mónica Xavier, porque “siempre constituyeron un costo” para mujeres que transitan por una situación de violencia y tienen hijos, por lo tanto, “muchas veces no tienen ni la autonomía económica ni habitacional para tener una alternativa.

El programa también prevé otras respuestas habitacionales cuando cada caso lo requiera, como viviendas transitorias o permanentes, cupos en vivienda nueva, materiales y mano de obra para mejoras habitacionales por parte de la Agencia Nacional de Vivienda, destinadas a situaciones de emergencia crítica, de acuerdo con la disponibilidad de los distintos programas.

El acuerdo tendrá una vigencia de dos años, con posibilidad de prorrogarse por un período adicional, y permitirá dar continuidad a una política pública que desde hace más de 15 años busca que el acceso a una vivienda sea una herramienta para que las mujeres puedan construir un proyecto de vida libre de violencia.

Una tragedia social con causas en un orden social
La ministra de Vivienda, Tamara Paseyro, explicó que estas acciones se enmarcan en el Plan Quinquenal de Vivienda y Hábitat aprobado por la Ley de Presupuesto Nacional. Recordó que estos subsidios se suman otras acciones que lleva a cabo su cartera, “porque nunca son suficientes”. Entiende fundamental el acompañamiento y la materialidad de la vivienda.

Insistió en la importancia de ir evaluando la política pública de forma permanente para que responda a las necesidades de la población, con el trabajo interinstitucional como aliado. Esto implica sentarse a pensar juntos las políticas públicas para la gente y llevar a cabo las acciones con las personas, enfatizó.

El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, hizo referencia a lo que definió como “una realidad durísima que se cobra la vida de muchas mujeres”, e insistió en que no deben naturalizarse los comportamientos de dominación, opresión y violencia de los varones. Dijo que es una “tragedia social” que tiene causas en un orden social.

Insistió en que no puede abordarse en una sola dimensión, y en que la posibilidad de brindar una vivienda para que esa mujer se emancipe sola o con sus hijos, es un componente fundamental y no una herramienta auxiliar. Valoró el trabajo conjunto para lograr un abordaje integral y ratificó que esa es la vocación del Gobierno Nacional, que está alineada a priorizar temas sociales, sobre todo los vinculados a los sectores más golpeados por la desigualdad.

Un Estado presente que reúne esfuerzos para concebir una política nacional
La directora de Inmujeres, Mónica Xavier, habló de la trayectoria del programa y la ampliación de las competencias. “Es complejo para una mujer que no tiene autonomía económica ni una solución habitacional tomar el camino de liberase de la violencia, por eso muchas veces decide seguir estando sometida a una situación que no debería tolerar ni un minuto más”, explicó.

La jerarca celebró que el Estado reúna esfuerzos para concebir esta política, y que la misma tenga un alcance nacional, sobre todo pensando en el interior profundo del país, aspecto en el que Mevir será un aliado importante, aseguró. Recordó el apoyo que el instituto les brinda en el acompañamiento, desde lo social y lo psicológico, además del asesoramiento jurídico.

También estuvieron presentes en la firma del acuerdo: el presidente de Mevir, Andrés Lima, y el director nacional de Vivienda, Milton Machado.

 

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